Os rogamos a todos los que tengáis alguna duda o pregunta os pongáis en contacto con nosotros por medio de nuestro correo electrónico, único medio al que podemos contestar más rápido
catalunya@sos-bebesrobados.es
GRACIAS DOCTORA CAROLINA ESCUDERO
Esta es una causa en la que hay mucho dolor en las familias de madres y de hijos DESAPARECIDOS. Pero tenemos la inmensa suerte de contar con personas a nuestro lado, que nos DONAN su SABIDURÍA, HUMANIDAD, RESPETO, DEDICACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO, CARIÑO, tanto y tanto….
Entre esas personas está nuestra querida Dra. Carolina Escudero.
Nos ha dedicado este escrito que agradecemos desde el corazón! .Una gran suerte, que la vida nos haya puesto en el mismo camino.
“Ojalá todos y todas podamos donar más a causas como la de los bebés robados.
Donar sin pensar en millones, sin pensar en que hay personas que tienen más, por tanto deben dar más y quedarnos en los falsos laureles del “yo no puedo” o “a mí no me corresponde”.
Ojalá seamos muchos los que estemos conscientes de que no siempre es el dinero lo que está en juego. Donar espacio de escucha al otro, donar latidos de corazón a una causa que necesita más corazones latiendo que likes en las redes sociales.
Ojalá todos nos levantemos muy pronto con ganas de mirar a los ojos a estas familias de bebés robados y podamos donarles tiempo, acompañamiento, escucha, cariño para volver a tejer con nuevos hilos este tejido social tan naturalizadamente roto del que todos seguimos siendo testigos.
Ojalá la donación a esta causa sea contagiosa, sea la nueva pandemia pero a diferencia del Covid 19ya no hablemos de distancia de seguridad sino de cercanía por causa de memoria histórica.
Ojalá sean quienes ejercen la política los primeros en contagiarse severamente con todos los síntomas y que ya no necesiten prometer aquello que luego no cumplen justificando falta de acuerdos y presupuestos.
Ojalá todos y todas donemos sin detenernos a pensar o a medir esos abrazos guardados, almidonados, perdidos, escondidos y arrugados por falta de uso.
Ojalá donemos caminatas, aplausos, canciones, escritos, poesía para buscar más y mejor a cada bebé que se robó en este territorio. Donemos porque el tiempo pasa, y nos juega en contra a todos.
Donemos a partir de este instante porque tenemos que encontrarles a todos y cada uno.
Donemos desde donde estemos con el pasaporte, idioma, raza que portemos; donemos desde este continente tan viejo , desde este país, desde esta comunidad autónoma, desde nuestra casa desde la oficina o el mercado.
Donemos sin complejizar si es la falta de tiempo, si esto es de izquierdas o de derechas, porque la desmemoria y olvido aniquila a los pueblos, sin importar sus tendencias.
Donemos porque hay que encontrarles, y entonces así, nosotros como sociedad, podremos reencontrarnos con esa humanidad que se nos ha ido evaporando.”
Carolina Escudero, Barcelona 6 de Julio de 2021.-
LAS MADRES Y NUESTROS HIJOS ROBADOS SOPORTAMOS LA CRUELDAD DE UN ESTADO DE DERECHO CIEGO, SORDO Y AUSENTE.
Las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo
SÍ DICEN LA VERDAD.
Las madres de Irlanda
SÍ DICEN LA VERDAD.
Las madres de Australia
SÍ DICEN LA VERDAD .
Las madres de Canadá
SÍ DICEN LA VERDAD.
¿En España nunca pasó nada?
Sr. Presidente Pedro Sánchez, ¿hasta cuándo piensa dejar que las madres se vayan muriendo sin saber la verdad sobre nuestros hijos robados? ¡QUEREMOS A NUESTROS HIJOS, VIVOS O MUERTOS, PERO CON NOSOTRAS!
Plataforma Internacional Te Estamos Buscando.Comparte
Cuándo se aprobará la Ley de Bebés Robados?
El texto legislativo duerme el sueño eterno en la Cámara Baja, a la espera de que lleguen las próximas generales y la vuelvan a vender como promesa nueva. Señores y Señoras diputados/as ¿Pueden dormir tranquilos a sabiendas del dolor que sufrimos miles de víctimas por las desapariciones forzadas de nuestros hijos? ¡Es una vergüenza contemplar como se ejerce nuestra representación en ese patio de recreo llamado Congreso de los Diputados!¡ QUEREMOS A NUESTROS HIJOS VIVOS O MUERTOS, PERO CON NOSOTRAS!
Plataforma Internacional Te Estamos Buscando
TALLERES 2021
Carolina Escudero
· “Recordar y contar la verdad sobre eventos terribles son los prerrequisitos para la restauración del tejido social y para la curación de las víctimas individuales.
Quienes buscan -a sus hijxs, harmanxs, nietxs- lo hacen sin descanso; no hay pandemia que les detenga. Retomamos los talleres con SOS Bebés Robados Catalunya. Celebrando la presencia de nuestra querida Yaya Dolores, con 96 años en Zoom haciendo eco de su larga búsqueda. “TE BUSCO. TE ESTAMOS BUSCANDO”.
Todos los que pudimos participar de este taller, como siempre sacamos la misma conclusión: GRATIFICANTES Y NOS AYUDAN MUCHO.
TIEMPO DE VERDAD Y DE JUSTICIA. VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS DE “BEBÉS ROBADOS” AMNISTIA INTERNACIONAL
AMNISTIA INTERNACIONAL HA HECHO UN INFORME SOBRE LOS BEBÉS ROBADOS, TODO SUMA EN NUESTRA CAUSA
SUSTRACCIONES ILEGALES DE BEBÉS EN ESPAÑA
16 de marzo de 2021 – Texto: Manu Mediavilla (@ManuMediavilla), colaborador de Amnistía Internacional
El término “bebés robados” engloba a los miles de niños y niñas, hoy adultas, que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de su identidad en España desde el final de la guerra civil hasta mediados de la década de los noventa del siglo XX. La sustracción ilegal de menores, cuyo contexto de ideología de género franquista y control sobre la mujer merece atención especial, tuvo múltiples escenarios: centros penitenciarios, hospitales, maternidades y centros de beneficiencia gestionados por congregaciones religiosas sin adecuada supervisión del Estado. E incluso desborda el ámbito español en algunos casos de personas que sospechan haber sido sustraídas aquí para ser entregadas a familias de países latinoamericanos como México o Chile.
Ideología de género franquista
Una referencia clave en la sustracción ilegal de menores fue la ideología de género franquista, que comenzó en la posguerra con una acentuada represión sobre la “mujer republicana” y que continuó durante el régimen de Franco. El discurso de infantilización de las mujeres continúa todavía cuando, al emprender la búsqueda de su hija o hijo, se les niega veracidad a sus denuncias, se las considera locas o histéricas, o incluso arrepentidas de haber entregado a sus bebés en adopción.
Para el franquismo, la única finalidad de las mujeres era ser madres y garantes de la moralidad ideológica de la época. Ese marco discriminatorio se reforzó con informes ‘científicos’ del Programa al Servicio de España y del Niño Español 1939-1963 que responsabilizaban a las madres –principalmente pobres, jóvenes, solteras, trabajadoras o con relaciones fuera del matrimonio– de la mortalidad infantil. Y se acompañó de leyes, muchas vigentes hasta finales de los 90, que limitaban sus derechos, regulaban el registro de menores y permitieron hasta 1987 que la adopción fuera un negocio jurídico entre particulares que contemplaba la participación de hospitales, maternidades y centros de beneficencia gestionados mayoritariamente por organizaciones religiosas.
“Yo lo que necesito son respuestas, de por qué se hacían las cosas así, de quien permitió que esto se hiciera así, y saber qué es lo que ha pasado. Y saber quién es mi madre, que al fin, lo que busco es eso”
M.Z., caso del informe de Amnistía Internacional. Nacida en 1972, se encuentra inmersa en un proceso de búsqueda de su identidad y su origen biológico
Todo ese entramado legal e ideológico permitía prácticas poco transparentes y pudo servir de cobertura a la sustracción ilegal de bebés. De hecho, la propia Ley de Adopción de 1987, que ponía fin a ese sistema tan irregular, reconocía en su exposición de motivos la hasta entonces “falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción”, que “permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños (…) y daba lugar, otras veces, a una inadecuada selección de los adoptantes”.
En los primeros años de posguerra hubo una “desaparición legalizada” de menores por parte del Estado con pérdida de su identidad al separarlos de sus madres o familias republicanas o represaliadas. El régimen franquista aprobó legislación que separaba de sus madres encarceladas a los menores cuando cumplían tres años –en muchos casos se perdía su pista– y reformó el Código Civil de 1941 para “reintegrar física y espiritualmente a la patria” a los niños y niñas que regresaban a España, para lo cual se permitió modificar su filiación e integrarlos en familias que el franquismo consideraba de “comportamiento irreprochable”.
Paralelamente, el régimen se apoyó en instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer (1942-1984) para asegurar “la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica”. Por allí pasó un grupo heterogéneo de madres solteras, embarazadas por abusos en el ámbito familiar, mujeres con ideología cercana a partidos de izquierdas, o incluso simples aficionadas a las discotecas.
También se reguló la “ley de parto anónimo“, vigente de 1948 a 1999, que permitía a las madres ocultar su identidad al dar a luz. Esto debía proteger su intimidad, pero terminó siendo la puerta de muchas apropiaciones: ella nunca podría reclamar a su hijo, que a su vez nunca tendría una pista de quién era su madre biológica. Máxime cuando tal vacío registral se completaba con una inscripción falsa y la madre adoptiva constaba como madre biológica.ACCIÓNRUTH LLEVA DÉCADAS BUSCANDO A SU HIJO, PERO NO OBTIENE RESPUESTAS¡FIRMA!ACCIÓNESTÁ BUSCANDO A SU MADRE, PERO NO OBTIENE RESPUESTAS¡FIRMA!
Cifras indirectas
La Audiencia Nacional ha constatado que en España se propició entre 1937 y 1950 una desaparición “legalizada” de menores de edad con pérdida de su identidad. A falta de datos oficiales, resulta difícil estimar su número, pero se barajan algunas cifras indirectas para aproximarse a esa realidad, como las hijas e hijos de presas tutelados por el Estado (30.960 entre 1944-1954) o como los menores repatriados tras la guerra civil (20.266 en 1949, según el Servicio Exterior de la Falange) y que no siempre quedó claro que fueran devueltos a sus familias.
Amnistía Internacional España subraya que se ha vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar, que incluye el derecho a la identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Y esa violación de derechos humanos, con independencia de si hubo o no desaparición forzada, se ha prolongado en el tiempo por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda. Un sufrimiento emocional y psicológico que puede alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos (así lo han reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU) y que solo podrá aliviarse con respuestas concretas sobre lo sucedido y con su reparación.
De ahí la insistencia de Amnistía en la necesidad de investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad, y en su demanda de reforma del Código Penal para que incluya la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada mientras las personas que buscan a sus hijas e hijos no reciban información clara sobre su suerte y paradero y hasta que se garantice a quienes buscan a sus padres biológicos la posibilidad real y legal de restablecer su identidad y lazos familiares.
“Para el franquismo, la única finalidad de las mujeres era ser madres y garantes de la moralidad ideológica de la época”
TIEMPO DE VERDAD Y DE JUSTICIA. VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS DE “BEBÉS ROBADOS”
“La falta de respuesta aumenta un sufrimiento psicológico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos, según reconocen organismos internacionales de derechos humanos. ¡Firma para que se apruebe una ley sobre bebés robados”
Oscuridad e impunidad
El archivo de causas por prescripción del delito y las escasas investigaciones abiertas han contribuido a que la mayoría de casos permanezcan sin esclarecer y continúen impunes. La respuesta del Estado, que en los primeros años tuvo incluso un papel de autoría o complicidad, ha sido inadecuada e insuficiente, cuando no marcada por el desinterés. Amnistía Internacional considera que España ha incumplido sus obligaciones internacionales.
El poder judicial se ha apoyado precisamente en la prescripción de los hechos para archivar la mayoría de las denuncias sin apenas investigación, lo que contraviene los estándares internacionales sobre investigación de posibles desapariciones forzadas. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 2.138 diligencias entre 2011 y marzo de 2021, pero solo 526 llegaron a ser judicializadas y apenas cinco seguían tramitándose en 2019, sólo una en el año 2020. La denuncia colectiva presentada el 19 de diciembre de 2020 sobre 56 casos ocurridos entre 1952 y 1987 en Andalucía, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Madrid y Galicia, es una muy buena noticia para las víctimas. La FGE tiene la oportunidad de mantener el criterio de descartar posibles conexiones entre múltiples casos por tratarse de hechos que supuestamente tuvieron lugar en poblaciones distintas, con procedencias diversas de los menores, diferentes equipos médicos y perfiles de personas denunciantes muy variados.
La Fiscalía del Estado ya lo descartó en 2014, cuando un Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se hizo eco de miles de denuncias sobre sustracciones ilegales de menores y sugirió contemplar esas posibles conexiones en las investigaciones judiciales. Aunque no se puede afirmar que existiera una trama organizada, Amnistía Internacional España ha constatado elementos comunes en las denuncias documentadas en su investigación, que ha cubierto todo el país pero ha centrado el foco en las cinco comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco) que concentran más del 80% de las diligencias de la FGE. Las familias afectadas solían ser de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras. Las supuestas sustracciones se producían en hospitales donde intervenía personal sanitario y religioso con procedimientos similares: se informaba de la muerte del bebé, pero casi nunca se le podía ver y el hospital se encargaba del entierro.
En los procesos de búsqueda, protagonizados mayoritariamente por mujeres, los resultados también fueron parecidos: falta de información, información errónea o falsa –niñas y niños registrados como hijos biológicos de sus familias adoptivas– y acompañamiento escaso, cuando no inexistente, por parte de las autoridades. Mientras los mecanismos del poder ejecutivo para asistir a las víctimas han tenido alcance limitado y muy pocas competencias (el Servicio de Información a Afectados del Ministerio de Justicia funciona desde 2012), el legislativo no ha aprobado una normativa específica que garantice los derechos de las víctimas en todo el Estado.https://www.youtube.com/embed/1fvoQTvY9mc?rel=0&enablejsapi=1
Carga sobre las familias
Y aunque algunas comunidades han impulsado medidas con ese objetivo, se echa en falta una actuación firme, complementaria y coordinada de los gobiernos central y autonómicos para garantizar una asistencia integral a las víctimas. De hecho, el citado servicio ministerial tiene muchas carencias (no incluye acompañamiento a víctimas, apoyo psicológico ni orientación jurídica, y su seguimiento de casos es mínimo) y ofrece modestos resultados: tramitó706 solicitudes de ayuda para 834 personas afectadas, de las que 216 se consideraron inválidas; hasta marzo de 2021, apenas ha identificado a algún posible familiar en 19 casos, todos relativos a adopciones.
Además, ni el Estado ni la Iglesia (que guarda documentos relacionados con adopciones anteriores a la Ley de Adopción de 1987) están facilitando el acceso de las personas afectadas a los archivos ni a documentación relevante. Amnistía Internacional España pide que la Iglesia católica permita el acceso a sus archivos al entender que tuvo y sigue teniendo un papel importante en esa realidad, ya que, además de su protagonismo en las adopciones privadas hasta 1987, dirigía instituciones de beneficencia para madres solteras e inclusas para menores sin familia. La negativa eclesiástica a tal acceso suele basarse en la titularidad privada de los registros, la protección de datos, el derecho a la intimidad o la inviolabilidad de sus archivos conforme a los Concordatos entre España y el Vaticano. En todo caso, el derecho a la verdad exige al Estado que facilite el pleno acceso a la información disponible en archivos estatales y privados para permitir la búsqueda de las personas desaparecidas. La Conferencia Episcopal sostiene que solo tendría competencia para permitir el acceso a determinados archivos, como los parroquiales, y siempre por peticiones individuales.
“Las sustracciones ilegales de bebés no es una violación de derechos humanos del pasado. Sus efectos no han cesado y persisten hoy”
La mayor parte de casos continúan en la impunidad, y la respuesta por parte del Estado a los procesos de búsqueda hasta ahora ha sido desinteresada, inadecuada e insuficiente. ¡Firma para que el Parlamento apruebe una ley sobre bebés robados
Al final, aunque la obligación de dar respuestas corresponde al Estado, el peso de la búsqueda sigue recayendo en las familias, que han de enfrentar dificultades y obstáculos enormes. En muchos casos de niñas y niños desaparecidos, a las ahora personas adultas les resulta imposible conocer su identidad biológica y encontrar a su familia porque la inscripción en el Registro Civil se realizaba con información falsa o datos personales alterados.
Amnistía Internacional reconoce los esfuerzos de algunas comunidades que han aprobado normativas específicas, como Cataluña con su reciente Ley de Desapariciones Forzadas de Menores que crea una Oficina de Víctimas y una base de datos de ADN, o como Canarias con su ley de abril de 2019 para facilitar las investigaciones con la consulta de archivos y documentación. Pero alerta del riesgo de que las medidas fragmentadas y acotadas territorialmente puedan limitar los procesos de búsqueda y desembocar en una disparidad autonómica de derechos para las víctimas.
Oportunidad histórica
Por eso Amnistía Internacional España aboga por una normativa estatal que establezca un mecanismo accesible para las víctimas y que centralice y coordine todos los procesos de búsqueda. La actual tramitación en el Congreso de una Proposición de Ley sobre bebés robados es una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de esas violaciones de derechos humanos y para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
El texto reconoce su derecho a acceder a documentación relevante para los procesos de búsqueda, responsabiliza al Ministerio de Justicia de costear las exhumaciones y pruebas de ADN y establece el derecho a la obtención de asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita. La ley creará un “Banco único de ADN” estatal y gratuito y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad encargada de desarrollar un plan integral nacional de búsqueda de personas desaparecidas y asistencia integral a las víctimas.
“Llevamos décadas sin respuesta a miles de denuncias de desaparición forzada, apropiación y/o sustitución de identidad de niños y niñas. Se trata de una impunidad inaceptable”
AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE
El Parlamento debe promulgar una ley específica destinada a la búsqueda e identificación de las personas que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad. Esta ley, entre otras cuestiones, debería:
** Establecer un mecanismo de coordinación y canalización de estos procesos de búsqueda, que deberá ser implementado por el poder ejecutivo;
** Establecer una base de datos centralizada a nivel estatal, que integre muestras genéticas de todos los casos que hayan sido denunciados y de todas las víctimas y familiares que así lo deseen;
** Establecer las bases de una asistencia integral a las víctimas, con servicios de orientación jurídica, y acompañamiento psicosocial en todas las fases del proceso de búsqueda.
Las madres de “bebés robados” al presidente: “¿Cuándo nos pedirá perdón el Estado?”
La Fiscalía General del Estado llevará a cabo una investigación coordinada de varios supuestos casos de “robo de bebés” por una denuncia con perspectiva de género“Ahora no solo tenemos la convicción, ahora tenemos la esperanza de conseguirlo”, dice María Bueno (Alumbra y ‘Te estamos buscando’)Conversamos con mujeres que sospechan haber sido víctimas de sustracción de recién nacidos: María Bueno, Adelina Ruiz, Sofía Jiménez y Flor Díaz
Derechos socialesMaría F. Sánchez El miércoles, 20 de enero de 2021
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Las madres que sospechan haber sido víctimas de la sustracción de sus niños recién nacidos recibieron una recompensa, una noticia esperanzadora, antes del Día de Reyes. La Fiscalía General del Estado admitió la investigación de los 56 casos de supuestos bebés robados que varias asociaciones habían denunciado colectivamente en noviembre. Es la primera vez que se llevará a cabo una investigación coordinada de varios supuestos casos de “robo de bebés” basada en una denuncia con perspectiva de género en España.
La denuncia de estas familias apunta a “un móvil ideológico o discriminatorio por la condición social de la mujer”, además de un móvil económico. Son casos ya investigados judicialmente, que no han obtenido respuestas, del País Vasco, La Rioja, Andalucía, Cataluña, Madrid y Galicia, que ocurrieron entre 1952 y 1987. Diferentes épocas, la dictadura y la democracia, en diferentes lugares, pero existen nexos en común entre las víctimas, como los hospitales o maternidades donde dieron a luz, las casas-cuna o las personas que las atendieron. La Fiscalía General no pierde de vista los detalles que presentan estos casos en común, aunque entiende que es necesario abordar la investigación “de manera individualizada”.https://0db5935c10ed55eb690840f8c40abf4c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
“Ahora no solo tenemos la convicción de que toda nuestra lucha tiene sentido, ahora tenemos la esperanza de conseguirlo”, manifiesta a cuartopoder María Bueno, presidenta de la Asociación de Lucha de las Madres de Bebés Robados Andalucía (Alumbra) y quien recibió la notificación de la Fiscalía. En la denuncia participa su asociación, además de SOS Bebés Robados, SOS Haur Lapurtuak, Asociación Sin Identidad Biológica, SOS Bebés Robados Catalunya, SOS Bebés Robados Comunitat Valenciana y SOS Bebés Robados Navarra. Todas ellas están englobadas en la Plataforma Foro Internacional de Desapariciones Forzadas Infantiles ‘Te estamos buscando’, de la que Bueno es coordinadora general.
Se trata de madres, pero también padres, hermanas e hijos que tienen a familiares desaparecidos. Llevan una década a la espera de que juzgados y fiscalías de todo el país logren explicar por qué no encuentran documentación que certifique los partos de esos bebés o sus entierros. Creen que alguien los entregó o vendió a otras familias porque ha sucedido en otros países del mundo. En Irlanda, una exhaustiva investigación de 60.000 casos ha confirmado los peores presagios. El Gobierno irlandés pidió perdón hace unos días a las madres solteras recluidas en instituciones católicas que, discriminadas, fueron separadas de sus bebés, dados en adopción o muertos en un contexto de pobreza severa.
María Bueno: “Pedir perdón consiste en dar a los que sufren un pedacito de paz”
María Bueno es una de las madres referentes en esta batalla. “Estamos ya muy cansadas después de 10 años de lucha”, cuenta la presidenta de la Asociación Lucha de Madres de Bebés Robados Andalucía (Alumbra) y coordinadora de la Plataforma Internacional de Desapariciones Infantiles ‘Te estamos buscando’. Se indigna cuando compara la disculpa oficial a las madres solteras de Irlanda con el silencio impuesto en España: “Señor Pedro Sánchez, ¿cuándo nos pedirá perdón el Estado a las madres y a nuestros hijos desaparecidos? Le lanzo esta pregunta al presidente”.
Para entender su indignación hay que remontarse 1981. María Bueno tenía 20 años, era soltera y estaba embarazada de nueve meses de un bebé que deseaba tener. A causa de un fuerte dolor, cuando faltaban unos días para fecha del parto, acudió a un ginecólogo privado. Él le dijo que su bebé “tenía un 99% de probabilidad de estar muerto”, cuenta a este medio. La envió Hospital Municipal de La Línea de la Concepción para que le provocaron el parto de urgencia al día siguiente. Era 24 de diciembre. Después de varias horas de sufrimiento, la durmieron. Cuando despertó el día de Navidad, una monja le preguntó: “¿Te han traído ya al bebé?”. Ella se extrañó y la monja regresó al rato con un Niño Jesús de porcelana: “Dale un beso al niño Jesús, él te consolará”, recuerda que le dijo.
María era muy joven, no era capaz de imaginar algo tan atroz, pero siempre le extrañó que no le dejaran ver a su hija fallecida. Años después, le diagnosticaron un problema crónico de salud y le pidieron que recabara todo su historial médico. Entonces quiso recuperar la información sobre ese parto y buscó en Internet al ginecólogo que la atendió. Su sorpresa fue enorme al descubrir muchos comentarios que vinculaban a ese doctor con una supuesta trama de robo de bebés. Descubrió que no había ninguna documentación sobre su parto ni ningún entierro registrado en el cementerio. Cuando denunció, se enteró de que había 70 casos similares en la Línea de la Concepción. Su caso llegó hace diez años al juzgado y María lleva sin recibir noticias desde entonces.
Adelina Ruiz: “Mentalmente es agotador y la investigación de la Fiscalía supone una esperanza”
El caso de Adelina Ruiz Santos es otro de los 56 que investigará la Fiscalía General del Estado. La noticia supone un pequeño aliciente para continuar. “Necesitamos más pasos y uno es que nos pidan perdón. No supone tantísimo esfuerzo reconocer que estamos ahí, que somos miles de víctimas en España”, señala.
Su marido, que la acompañó en esta lucha, murió hace siete años y se quedó “con las ganas de saber donde están nuestras hijas”. Adelina dio a luz a dos gemelas en la Maternidad de Barcelona hace 40 años. La durmieron después del parto. “Cuando desperté me dijeron que habían muerto. No me dejaban verlas”, rememora. “Yo no estaba sola como otras madres. También estaban mi marido, mis padres y mi suegra. A ellos tampoco les dejaron verlas”, cuenta. Su marido se encaró con el personal y le expulsaron del hospital. La explicación que le dieron fue que “las niñas habían nacido con vida, pero que no habían considerado ponerlas en la incubadora” y que “ellos se encargaban de todo”, en alusión al entierro. Les prometieron un informe médico de lo sucedido que nunca llegó.https://0db5935c10ed55eb690840f8c40abf4c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Tras años de investigación por su cuenta, descubrieron que una de las niñas estaba supuestamente enterrada en el Cementerio de Montjüic. De la otra, no lograron averiguar nada. El número de historia de Adelina en la Maternidad se había confundido con el de otra mujer, aunque la investigación judicial no encontró relación en este hecho con el supuesto delito. “¡Qué casualidad que todos los que estamos reclamando nos encontramos falsificaciones, documentaciones cambiadas…”, indica esta madre. “Cuando te escuchas piensas que parece una película de terror, pero lamentablemente no lo es”, dice emocionada. “Sabemos que los hijos que tuvimos no son los que vamos a encontrar, pero al menos que sepan la verdad, que no los abandonamos”, manifiesta.
Sofía Jiménez, adoptada en Cádiz: “Tengo esperanza”
A sus 45 años, Sofía Jiménez, de San Fernando (Cádiz), sospecha que su adopción fue ilegal. Está vinculada a la asociación Alumbra, que la ha ayudado a investigar sobre su origen biológico. Su caso no está entre los que se investigarán. Ella todavía no ha denunciado, pero confía en que esta investigación siente un precedente que le abra el camino. “Me alegré muchísimo. Tengo esperanza”, indica.
A los veinte años, fue a estudiar a Sevilla. Allí una monja de la residencia donde vivía le dijo por primera vez que era adoptada, aunque después rectificó. “Empecé a sospechar. Ya había algo dentro de mí, me sentía desacoplada a mi familia”. Su padre le prohibió a su madre hablar del tema y, cuando él falleció, su madre se lo confirmó. “Le contaron que mi madre biológica se casó con un hombre que se fue a trabajar a Alemania y se quedó embarazada de otro, y que no me querían”, cuenta Sofía. Es una historia que no ha podido comprobar. Sí ha averiguado que una “persona desconocida” la llevó al Asilo Gaditano de la Infancia y Casa de la Maternidad y “otra persona desconocida” la trasladó a la Casa Cuna de Puerto Real, según consta en archivos y registros. Las informaciones que recaba de este complejo “puzzle” se contradicen y no encajan.
Flor Díaz: “Si mis hermanos están fallecidos, que me lo demuestren”
“A día de hoy tengo un documento que demuestra que mis hermanos han nacido, pero ninguno que diga que mis hermanos fallecieron”, cuenta Flor Díaz Carrasco, presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi. Desconoce si su denuncia se archivó o duerme en un cajón. “Es muy frustrante. Yo sé que me han desaparecido dos hermanos y nadie me da ninguna explicación…”, indica. Por eso, alberga “muchas esperanzas” en la investigación de la Fiscalía. “En Guipúzcoa tenemos casi 200 familias que no han enterrado a sus hijos, aunque tienen certificado de inhumación”, comenta.
Flor cuenta que su mellizo desapareció en el año 62. “A mi madre le dijeron que solo había tenido un hijo y que lo demás era porquería”, relata. En el año 67 su madre tuvo otro bebé, pero según cuenta, le enseñaron un cadáver que no correspondía con un recién nacido. Sucedió también en La Línea de la Concepción, al igual que el caso de María Bueno, solo que más de una década antes. “Mi madre sabía que le habían quitado el niño. Ella nunca habló. Pero cuando íbamos al cementerio donde supuestamente estaba enterrado nuestro hermano le pedíamos ir a su tumba y ella decía ‘ahí no hay nada’”. El enterrador así se lo confirmó a Flor años más tarde, según ella relata.
“Lo peor es que dejen pasar el tiempo, que no hagan nada. Eso duele muchísimo”, indica. “Si pueden probar que están fallecidos, que nos demuestren dónde están enterrados ”, indica. “Igual no hubo ninguna trama, pero demuéstrame qué pasó con esos niños muertos al nacer, por qué no se siguió el protocolo. Los hospitales normalmente entregaban los cadáveres a las familias, por qué en nuestros casos no. Yo creo que esos niños se han vendido o se han dado en adopción, pero que me demuestren ellos que todo se hizo de manera correcta”, reta al poder Judicial.
La Fiscalía estudiará una denuncia de casi 60 posibles casos de bebés robados
Madrid, 5 ene (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha acordado investigar “el alcance y la significación penal” de casi 60 posibles supuestos de robo de bebés ocurridos entre 1952 y 1987 y que fueron denunciados hace unos meses de forma colectiva por varias asociaciones de víctimas.,El fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Álvaro Ortiz, ha remitido una carta a la portavoz de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te estamos buscando”
AGENCIAS05/01/2021 19:35
Madrid, 5 ene (EFE).- La Fiscalía General del Estado ha acordado investigar “el alcance y la significación penal” de casi 60 posibles supuestos de robo de bebés ocurridos entre 1952 y 1987 y que fueron denunciados hace unos meses de forma colectiva por varias asociaciones de víctimas.
El fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Álvaro Ortiz, ha remitido una carta a la portavoz de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles “Te estamos buscando”, María Mercedes Bueno, donde considera “necesario abordar la investigación de forma individualizada” de los supuestos denunciados.
Varias asociaciones de bebés robados presentaron el pasado 19 de noviembre ante la Fiscalía una denuncia conjunta para que se investigasen 58 casos de sustracción de recién nacidos ocurridos en varias comunidades autónomas entre 1952 y 1987, la mayoría de los cuales ya habían sido denunciados ante otras fiscalías o juzgados, pero el resultado había sido infructuoso.
Denunciaban delitos de violencia de género, alteración de la filiación, desaparición forzada infantil, crímenes de lesa humanidad, falsedad documental y suposición de parto, y subrayaban la vulneración de los derechos de la mujer en base a los tratados y convenciones internacionales suscritos por España, según precisan en un comunicado.
En la misiva, fechada ayer 4 de enero, el fiscal acuerda incoar un “expediente de coordinación para el seguimiento centralizado de todas las actuaciones practicadas y el análisis conjunto de la información” con el objetivo de “determinar el alcance y la significación penal de los hechos recogidos en la denuncia”.
Lo hace para “mantener la debida coordinación” y “unificar la actuación de la Fiscalía en todo el país”, al tiempo que manifiesta el “especial compromiso” del ministerio público para “dar respuesta a todas aquellas madres, hijos e hijas y familias que sospechan haber sido víctimas” de un supuesto de bebés robados, pese a las “evidentes” dificultades que presentan las investigaciones.
Por eso es preciso una “investigación completa, efectiva y eficaz”, añade Ortiz, que señala que primero hay que saber qué denuncias han sido ya investigadas por otras fiscalías o juzgados para determinar así qué supuestos no han sido “objeto de investigación” y deben ser por tanto indagados, “sin perjuicio” de que otros ya investigados puedan ser reabiertos si se descubren “nuevos indicios”.
Aunque la denuncia “pone de manifiesto” posibles elementos de conexión entre los casos porque coincide el hospital, el personal médico que asistió al parto o las órdenes religiosas vinculadas a la gestión del centro, “a priori” no se desprende por sí solo esa posible conexión.
“Por ello, es necesario abordar la investigación de forma individualizada de los supuestos concretos que traslada la denuncia para determinar su alcance y su entidad jurídico-penal (…)”, asegura el fiscal jefe en la misiva.
Las asociaciones han acogido la decisión con la esperanza de que “esta vez se lleve a cabo una investigación exhaustiva”. “Esta admisión a trámite supone un gran avance para las víctimas”, ha manifestado el director de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), Rodrigo Lledó. EFE
